Procesa Alemania a fábrica de armas por los 43


El caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra la fábrica especializada en armas Heckler & Koch, con la intención de procesar a cinco de sus empleados por corrupción, a cuatro años de la desaparición de los jóvenes en México, donde a la fecha no hay avances notables en el caso. 

Aldo Gutiérrez, uno de los sobrevivientes del ataque que permanece en coma hasta la fecha, hizo presencia simbólica –a través de su hermano– en el juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, la cual ilegalmente proveyó parte del armamento que se usó contra los normalistas en Iguala, Guerrero.

Aunque luego del ataque, los policías agresores limpiaron la escena del crimen (retirando todos los casquillos que pudieron encontrar), y a pesar de que la Fiscalía de Guerrero no realizó ninguna acción posterior para preservar las evidencias en la zona, se pudo comprobar que los uniformados usaron en contra de los normalistas, entre otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes y de hecho, en la zona de Juan N. Álvarez se pudieron rescatar casquillos de tres de estas ametralladoras, que supuestamente fueron prohibidas para su comercialización a la zona del pacífico sur de México en 2010.

Con el paso de los años, sin embargo, se pudo comprobar que el veto a la venta de armas alemanas a esos estados no fue cumplido, y de hecho, de los 10 mil fusiles de guerra que esta empresa vendió a México, 49% terminaron precisamente en estados como Jalisco, Guerrero y Chiapas, que estaban vetadas junto a Chihuahua.

Tal como consta en documentación oficial, de esos 4 mil 900 fusiles que se entregaron a estados mexicanos vetados por las normas alemanas, 2 mil llegaron a Guerrero, y de ellas un centenar terminó en manos de las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco, controladas por el crimen organizado. Entre ellas iban los fusiles de guerra disparados contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

La venta de armas, subrayó la abogada, se realizó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y este órgano del Gobierno mexicano fue el encargado de repartir el armamento.

Leonel, su hermano acudió a la sala de audiencias con dos fotos: una de Aldo antes del ataque, y una de él, en su estado actual de salud, y “tanto los ministros como los inculpados pudieron no sólo ver las consecuencias que generó este tráfico ilegal de armamento, sino que pudieron escuchar del sufrimiento de Aldo”, de acuerdo con una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

INDAGADOS

Desde 2010, esta empresa fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en Alemania, luego de que el Gobierno de ese país le prohibiera vender armas cuyo destino final fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la situación de violencia y violación de derechos humanos en esas entidades.

Autor: Agencias/Berlín, Alemania
Publicado el Sábado 6 Octubre 2018 / 17:39 hrs