Inevitable derogación de la ley de seguridad interior

Era inevitable la derogación completa de la ley de seguridad interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cualquier pretexto, aunque el invocado haya sido su anti-constitucionalidad, pues contenía disposiciones que anulaban garantías básicas y dejaban en la indefensión a los ciudadanos.

Eso de autorizar aprehensiones sin orden de un juez, espionaje telefónico y encarcelamientos en caliente, eran francas violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos, y parecían estar diseñadas más bien para reprimir manifestaciones políticas, que para perseguir a delincuentes.

Esta iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto puso otra vez en evidencia la sumisión de la Legislatura anterior, en la cámara baja. Recordamos cómo la entonces diputada federal Paloma Guillén Vicente defendía hasta con las uñas esta ley, diciendo la mentira de que era en beneficio de la gente.

Los teóricos del gobierno vendieron la tesis de que la ley de seguridad interior legalizaba la participación del ejército en actividades de seguridad pública, pero no sabemos cómo pues no se reformó el artículo constitucional que lo constriñe a la defensa de la soberanía nacional.

Con pretexto del anuncio del Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno federal de MORENA, que contempla la creación de una Guardia Nacional, los detractores de Andrés Manuel López Obrador se volcaron en su contra dizque por la militarización del país.

No es que se les olvide sino que son ganas de estar chinchando, pero fue el Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el que sacó a los soldados de los cuarteles, para enfrentarlos contra los delincuentes del fuero federal.

Luego, el Presidente priísta Enrique Peña Nieto mantuvo a los soldados en las calles a pesar de que los resultados del experimento fueron desalentadores, debido a que ambos Presidentes “se les olvidó” instrumentar estrategias paralelas a los topones.

Es decir, no se preocuparon por combatir a los delincuentes en otros frentes, como el lavado de dinero, los negocios pantalla y otras maneras de esconder el producto de sus negocios sucios, pues se concretaron a buscarlos en las calles, al azar, sin tener siquiera un aparato de inteligencia.

Ahora se sabe con certeza, que esos Presidentes fingieron combatir a los delincuentes, porque en realidad recibían sobornos millonarios a cambio de que se hicieran de la vista gorda.

El gobierno federal que arranca en dos semanas (1 de diciembre) anunció que a la par del funcionamiento de una Guardia Nacional, desactivará todas las sociedades corruptas de delincuentes con funcionarios públicos, desde Gobernadores para abajo.

Pero tenderá además, un complejo entramado cuyo objetivo es el de perseguir a los infractores de la ley hasta hacerlos rendirse, por las buenas o por las malas. Se les ofrecerá la opción de un desarme voluntario, a cambio de un trato benigno.

Este esquema se aplicó en Colombia y otros países, donde han podido reducir el ámbito y el volumen de las operaciones delincuenciales. Colombia es lo que más se parece a la situación mexicana, sobre todo por la infiltración conseguida por los malos en la vida política.

A propósito de pillos, el ex secretario general adjunto al CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido en Chihuahua por el presunto delito de desviación de 250 millones de pesos, será sometido por la justicia local a otro juicio, para sustraerlo de la burbuja de protección donde lo metió el gobierno federal.

En Coahuila, otro pájaro de cuenta, Humberto Moreira Valdez, ex Gobernador y ex presidente nacional del PRI, vuelve a tener problemas con la justicia, por la revelación de su ex secretario de finanzas, Javier Villarreal, de que cometió peculado.

Villarreal, encarcelado en Texas, se convirtió en testigo protegido y aportó información de las maquinaciones financieras que él realizó, para canalizar 600 millones de pesos hacia empresas comerciales propiedad de Moreira.

Pero también lo compromete con la revelación de que en su sexenio, se malversaron más de tres mil millones de pesos, a través de diferentes operaciones fraudulentas, para que el dinero terminara en el bolsillo del entonces Gobernador, y en campañas electorales del PRI de otros Estados.

A resultas de estas revelaciones, España reabrió el expediente en su contra por lavado de dinero y pedirá la extradición de Moreira.

En temas amables, el gobierno de Matamoros tiene preparados todos los estudios técnicos para sustentar la petición ante el Banco de Desarrollo de América del Norte, de financiamiento por 810 millones de pesos.

Mario Alberto López Hernández hará las gestiones para conseguir el dinero a fondo perdido, que se invertirá en la construcción de la tercera planta potabilizadora de la Junta de Aguas y Drenaje.

El ambicioso proyecto incluye la modernización de las plantas 1 y 2, así como el saneamiento del relleno sanitario.

Los estudios técnicos hechos por expertos de la JAD y externos, comprueban la necesidad de ampliar la capacidad de servicio de la potabilizadora, para atender la demanda de nuevos usuarios.

Mario Alberto López Hernández tiene asistencia técnica y jurídica para entablar las negociaciones ante el banco internacional, así como en la Ciudad de México. “Pronto tendremos buenas noticias”, dijo a los periodistas.

Por el rumbo de Río Bravo, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio Almanza Armas, encabezó con el presidente municipal Carlos Ulivarri López y el presidente local de la CANACO, José Alejandro Jaime Alba, el arranque del Programa El Buen Fin.

Ulivarri López invitó luego a la comitiva a recorrer establecimientos comerciales de la zona centro, para comprobar las ofertas en precios rebajados de los artículos, que durarán tres días a efecto de que se reactiven las ventas.

El presidente municipal riobravense agradeció la visita de Julio Almanza Armas y el co-patrocinio de este Programa, que se traducirá en una derrama económica en beneficio de toda la ciudad.

Una mala noticia para los usuarios de la COMAPA de Nuevo Laredo se produjo ayer al mediodía, por la ruptura de un tubo de 30 pulgadas de diámetro, que dejó sin el suministro de agua a muchas colonias.

La falta de mantenimiento en las instalaciones de la COMAPA produce periódicamente accidentes de este tipo y obliga a usar pipas para surtir a las colonias afectadas, para que tengan abasto precario durante el tiempo que duren las reparaciones.

Los trabajos de las cuadrillas se realizan a 6 metros bajo tierra, con el auxilio de equipo especial. Hasta el domingo se reanudará el suministro de agua potable.

En Reynosa resurgió la violencia sindical por culpa de la Secretaría estatal del Trabajo que ha entregado toma de notas a cuando menos dos directivas del sindicato de maquiladoras de Tito.

Por cierto, el secretario administrativo de la Secretaría del Trabajo, Mario Cantú Ortiz, está demandado penalmente por haber cobrado casi un millón y medio de pesos, de una indemnización laboral de un ex trabajador del Ayuntamiento de Matamoros.

Cantú Ortiz usurpó funciones e incurrió en otros delitos pero goza de la protección de sus superiores, a pesar de que existen otros cargos en su contra.

Desafortunadamente, Ciudad Victoria tuvo ayer otra jornada sangrienta, con cuando menos cuatro personas muertas. Entre ellas, un varón que vendía su mercancía en el tianguis de la calle Hidalgo y calle 23, a pocas cuadras del palacio municipal.

En Estados Unidos, el gobierno emitió otra recomendación a sus ciudadanos para que no visiten Tamaulipas y otras tres entidades federativas, por el ambiente de violencia.

Autor: Alberto Guerra Salazar/Opinión
Publicado el Sábado 17 Noviembre 2018 / 03:12 hrs